Faconauto pide cinco años para adaptarse a la reforma en la distribución de automóviles de la UE
El nuevo reglamento entrará en vigor el próximo 1 de octubre en todos los países de la Unión Europea y concede un plazo de un año a las empresas para adaptarse a lo que en él se establezca
El presidente de la Federación española de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Juan Arévalo, ha pedido que se les de un plazo de cinco años para adaptarse a las reformas que en la distribución de automóviles y servicio postventa va a introducir el nuevo reglamento europeo en esta materia.
El nuevo reglamento, que prepara el comisario europeo de la Competencia, el italiano Mario Monti, que según dijo Arévalo en Bilbao será aprobado dentro de cuatro semanas y entrará en vigor el próximo 1 de octubre en todos los países de la Unión Europea, concede un plazo de un año a las empresas para adaptarse a lo que en él se establezca.
Arévalo indicó que su Asociación estima que el plazo debería ampliarse a cinco años para dar tiempo a que se amorticen las inversiones que los establecimientos de ventas de vehículos españoles han realizado recientemente.
Reiteró, en la celebración del veinticinco aniversario de la Asociación de Concesionarios de Vizcaya, cuyo acto presidió, que ninguno de los tres objetivos que persigue el reglamento: fomentar la competencia, beneficiar a los compradores y lograr la independencia de los concesionarios frente a las marcas, se conseguirán si se mantiene la redacción inicial del proyecto.
Aseguró, en este sentido, que sólo con el anuncio hecho en febrero de este año de las nuevas medidas, los clientes españoles ya han resultado perjudicados al producirse un encarecimiento de los vehículos que cifró hasta ahora en un 5 por ciento y que calculan que a finales de año podrá llegar a ser de una media del 7%.
El presidente de Faconauto advirtió de que los compradores de coches nuevos saldrán perjudicados también por los cambios que se pretenden introducir en el apartado de los servicios post-venta, ya que el vendedor no estará obligado a ofrecer esta prestación en sus instalaciones, ni ofrecer ninguna garantía, lo que pude conllevar, precisó, “un descenso en la calidad de este servicio”.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Vizcaya, Miguel Delgado, indicó que la entrada en vigor de este reglamento puede suponer la pérdida de 1.000 de los 4.500 puestos de trabajo que tiene el sector en este territorio y provocar el cierre de unas 250 pequeñas empresas de venta de automóviles.
Arévalo, por su parte, echó de menos que la reforma de la distribución y venta de automóviles en el territorio de la Unión Europea, no vaya acompañada por una convergencia fiscal de los países miembros, ya que, evidenció, la fiscalidad en España es muy superior a otros países del entorno y tiene más barreras impositivas (como el impuesto de matriculación), cuya desaparición también reclamó.
Señaló, además, que la convergencia real no está en los precios finales de venta de los automóviles, sino en el tiempo de trabajo que a cada europeo le cuesta la compra de un automóvil (poder adquisitivo) y puso como ejemplo que en Alemania un coche puede ser más caro que en España pero el cliente tiene que trabajar menos meses para adquirirlo que el español.